¿Pero qué se creían? ¿Que podían saltarse todas las leyes, empezando por las suyas, y salirse de rositas? ¿Que podían reírse del Gobierno, de los jueces, de los fiscales, del pueblo español en su conjunto, por su cara bonita y ser más listos? Es el error que cometen todos los totalitarios: creer que la democracia es blanda, asustadiza, confundir la contemporización con la cobardía y la educación con el apocamiento. Pero resulta que, cuando se les acaba la paciencia, las democracias, precisamente por basarse en la comunidad de voluntades y no en las ambiciones de unos pocos, son capaces de tumbar a los más chulos. Que se lo pregunten a las divisiones acorazadas de Hitler que llegaron a dominar Europa. Algo parecido pasa con la Justicia. Es tan lenta que da la impresión de impotencia, pero cuando se pone en marcha no hay quien la pare, llevándose por delante a quien sea, incluido el autor de la famosa frase «la Justicia es un cachondeo» que acabó en la cárcel. También lo creían los independentistas catalanes apalancados en los órganos de Gobierno de la Generalitat y proclamando que a ellos nadie les tosía. Ha bastado que jueces y fiscales pasaran de las palabras a los hechos para que el panorama cambiara por completo. En un Estado de derecho, y por fortuna España todavía lo es, el uso de la fuerza está reservado a las máximas autoridades del mismo, comenzando por los más altos tribunales y las fuerzas de orden dependientes de ellos. Puigdemont, Forcadell y su pandilla cometieron cuatro errores imperdonables. El primero, la bufonada en el Parlament, convertido en parodia del parlamentarismo. Luego, convocar un referéndum sin ninguna de las garantías que exigen tales consultas. Más tarde, convertir una manifestación en honor de las víctimas del último atentado terrorista en indigna marcha independentista. Por último, obligar a los alcaldes a cometer ilegalidades. Era demasiado para cualquier jurista digno de ese título y la maquinaria judicial se ha puesto en marcha para impedir tal desafuero. Con lo que el choque de trenes ya no es entre Cataluña y España, sino dentro de Cataluña entre los catalanes que desean vivir en un Estado de Derecho y los que quieren dinamitarlo para establecer todavía no sabemos bien qué, pero desde luego no una democracia ni nada que se le parezca.
Los nacionalistas catalanes ya venían demostrando ser pésimos gobernantes. En los últimos días han demostrado no ser ni siquiera demócratas. Y por no ser una cosa ni otra, imagino que en vez de reconocerlo y buscar una salida pactada del agujero en que se han metido, intentarán plantar cara, y el cese del presidente del Consejo de Educación de Barcelona puede indicar un intento desesperado de abrir los colegios electorales. Ojalá me equivoque, y haya quien les convenza de que ya han cometido bastantes barbaridades. Pero andando el nacionalismo por medio, es de temer que no desaprovecharán la ocasión de hacer de nuevo el ridículo.
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