La Audiencia Nacional reabre el sumario de Irene Villa y su madre
Tras dos archivos, el juez Andreu ordena nuevas diligencias a petición de María Jesús González
MadridActualizado:
«ETA asesina a un oficial y amputa las piernas a una niña, a su madre y a otro militar». Este es el titular con el que ABC resumía en portada el viernes 18 de octubre de 1991 la brutal cadena de tres atentados terroristas que el día anterior estremeció Madrid y a España entera. Veintiséis años después, nada se sabe de los autores de semejante barbarie, pero al menos uno de estos tes atentandos se va a investigar de nuevo.
María Jesús González, la madre de Irene Villa, asistida por la Fundación Villacisneros y el bufete Milans del Bosch Abogados, ha conseguido que el juez Fernando Andreu reabra la causa. En un auto datado el pasado 25 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura del sumario, tras el informe favorable de la Fiscalía.
El magistrado ha tomado como primera medida librar un oficio al Juzgado Central de Instrucción número cinco para que le remita un informe presente en otro sumario, el 8/91, que podría contribuir al esclarecimiento del atentado contra María Jesús González, funcionaria de la Policía Nacional, y su hija Irene.
En cuanto al resto de diligencias que solicitaba el letrado Santiago Milans del Bosch, Fernando Andreu recoge en su auto que «en el momento procesal oportuno se acordará». Se trata de la declaración de un investigado y un testigo, vinculados con la banda terrorista ETA cuyos nombres ABC no puede desvelar en este momento por ser «una línea de investigación que está bajo secreto».
Sobreseimientos
Sobreseimientos
La investigación de este atentado se archivó el 24 de junio de 1992, ocho meses después del suceso terrorista. En septiembre de 2010 la causa se reabrió para practicar nuevas diligencias, pero en mayo de 2011 se volvió a decretar el sobreseimiento provisional al no disponer de indicios para actuar contra los culpables. Según fuentes consultadas por ABC, la investigación fue «mínima».
El abogado Jaime Milans del Bosch, autor del recurso, sostiene que «es lamentable que este trabajo lo tengamos que hacer nosotros a instancias del perjudicado, que no haya llegado de oficio, pero estamos muy satisfechos de que el juez haya tomado esta decisión». Milans, magistrado y fiscal en excedencia, añade que «con mayores medios en la lucha contra el terrorismo se podría haber propiciado la investigación sin necesidad de que lo reclamara la víctima».
«Acabar con la impunidad»
Esta acción se enmarca dentro del Proyecto Dignidad, una iniciativa de la Fundación Villacisneros que busca acabar con la impunidad de los crímenes etarras (hay más de 300 asesinatos terroristas sin resolver).
Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, resalta que esta reapertura es «una buenísima noticia». «La justicia es lenta, no hay que ser optimistas en exceso, pero hay varios elementos positivos», añade. «El primero de ellos es que se consigue que se hable del tema, un atentado tan mediático, que todo el mundo conoce, pero del que las víctimas no volvieron a tener noticia alguna por parte de las autoridades en veintiséis años».
Gómez-Pineda sostiene que «hemos dado un paso más para acabar con la impunidad que existe, disminuirla, gracias a una iniciativa basada en trabajos de Covite, la Asociación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo». Como adelantó ABC el pasado enero, la Fundación Villacisneros consiguió la reapertura del sumario de «los novios de Cádiz», un joven guardia civil y su novia tiroteados en Beasain (Guipúzcoa) en 1979.
Minutos antes de las ocho de la mañana del 17 de octubre de 1991, en el madrileño barrio de Aluche, estalló una bomba lapa adosada al vehículo del teniente del Ejército de Tierra Francisco Carballar, provocándole la muerte. Cuando apenas había transcurrido una hora y a solo 200 metros del lugar del primer atentado, María Jesús González, funcionaria del área administrativa de la Dirección General de la Policía, se dispuso a llevar al colegio a su hija, Irene Villa, de doce años de edad, en su vehículo Seat 127 cuando otra bomba lapa hizo explosión.
El artefacto estaba colocado a la altura del asiento del copiloto, por lo que la niña se llevó la peor parte. Perdió las dos piernas y salvó su vida de milagro. Se manejó la hipótesis de que ETA pretendiera asesinar a un inspector de Policía que era pareja de María Jesús González y que en ocasiones viajaba en ese asiento.
Símbolo contra ETA
La crueldad etarra y la superación que demostraron madre e hija convirtió este crimen en todo un símbolo frente al terrorismo, aunque la mayor parte de la ciudadanía desconoce que nunca ha sido resuelto. La zona en la que se produjeron los ataques está rodeada de colegios en los que estudiaban 700 niños. Muchos de ellos iban a pasar por el lugar de las detonaciones solo unos minutos después de producirse.
Esa misma tarde se cometió el tercer atentado con bomba lapa, que mutiló al comandante de Infantería Rafael Villalobos. Ninguno de los tres crímenes ha sido resuelto.
